Las Asociaciones Público-Privadas (APP) vienen siendo activamente impulsadas por los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales para financiar servicios sociales y proyectos de infraestructura en todo el mundo. Sin embargo, el apoyo a las APP es contrario a los compromisos asumidos por los gobiernos en el marco de la Agenda 2030, y en otras instancias, para promover la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos de la mujer.