Los servicios públicos desempeñan un papel fundamental en los avances en materia de derechos humanos y lucha contra la desigualdad. Sin embargo, los crecientes niveles de deuda pública externa, especialmente en el Sur global, amenazan los servicios de los que dependen los ciudadanos para tener, incluso, un nivel de vida básico.

Los niveles de deuda externa están aumentando una vez más y crece una nueva ola de crisis de la deuda. La tendencia actual de abordar los problemas de sostenibilidad de la deuda a través de políticas de austeridad neoliberal reduce, en lugar de aumentar, los recursos económicos disponibles. Los recortes presupuestarios resultantes y la promoción de estrategias de privatización, junto con las Asociaciones Público Privadas (APP), en última instancia, ponen en peligro la capacidad de los servicios públicos para promover los derechos humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Este informe hace un cuidadoso análisis del impacto de las crisis de deuda en los servicios públicos y de cómo en los países empobrecidos, en particular, hay un impacto negativo sobre los derechos de las personas, especialmente en los derechos de las mujeres.

Cuando se consideran las desigualdades de género existentes, junto con las necesidades e intereses prácticos y estratégicos de las mujeres, en el diseño de los servicios públicos, estos pueden ayudar a abordar las barreras a las que se enfrentan las mujeres en una serie de sectores y situaciones. Pero cuando no se dispone de recursos para los servicios públicos, lograr la igualdad de género se vuelve extremadamente difícil.

Un panorama de deuda deteriorado

Desde 2011, la proporción de deuda bruta de los gobiernos en relación con el PIB ha crecido en todas las regiones del Sur global. La espiral de crecimiento en la deuda pública ha sido fomentada por diferentes factores: un boom de préstamos impulsado por las políticas monetarias introducidas en el norte global en respuesta a la crisis financiera de 2008; la emisión creciente de bonos soberanos por parte de países de renta baja y media; el creciente nivel de crédito disponible por parte de prestamistas bilaterales no tradicionales; y, especialmente desde 2014, la volatilidad de los precios de materias primeras. Como consecuencia, el servicio de la deuda pública externa ha crecido en los países de renta baja y media, no tan sólo debido al incremento de las cantidades de endeudamiento, sino también debido al incremento de los costes de endeudarse.

Este informe señala que:

• Entre 2010 y 2018, los pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos del Estado crecieron un 83 por ciento en los países de ingreso bajo y medio, desde un promedio de 6,71 por ciento en 2010 a un promedio de 12,56 por ciento en 2018.
• En África Subsahariana, concretamente, la proporción de ingresos públicos destinados a pagos por servicios de deuda externa creció más del doble, de 4,56 por ciento en 2010 a 10,8 por ciento en 2018. Ese aumento amenaza con socavar los avances observados en la región tras el alivio de la deuda en el marco de las iniciativas para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.
• Además, al menos 20 gobiernos del Sur global gastaron más del 20 por ciento de sus ingresos para atender las deudas externas en al menos uno de los últimos cinco años. En algunos casos, como en Angola, Djibouti, Jamaica, Líbano, Sri Lanka o Ucrania, más del 40 por ciento de los ingresos públicos se destinaron al servicio de la deuda pública externa en algún momento entre 2014 y 2018. Es preocupante que, en la mayoría de los casos, esto se deba a un aumento en los pagos de la deuda, en lugar de una disminución de los ingresos, y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) no indican una reversión de esta tendencia en los próximos años.